Armando Zerolo: La derecha estancada

 

Armando Zerolo Durán. Profesor de Filosofía Política y del Derecho USP-CEU. Presidente de Fundación Conversación.

 

La derecha española vive estancada en 2004 porque el “zapaterismo” sigue operando en ella como idea fuerza en, al menos, dos sentidos. En uno, porque es un recurso fácil para explicar el malestar y actúa como chivo expiatorio y como argumento útil. En el otro, porque el “zapaterismo” fue para muchos el momento glorioso de la sociedad civil de derechas. Por primera vez desde hacía mucho tiempo fue la derecha la que ocupó las calles, la que se vio con capacidad de convocar, de actuar y de combatir, y se sintió protagonista en la historia.

¿Qué le robó el zapaterismo a la derecha y qué ha quedado de aquella época de oposición social triunfante?

El zapaterismo fue la época de las reivindicaciones de derechos, de la memoria histórica y un paso más hacia una revolución social. Fue una bofetada en la cara a la sociedad conservadora española y la instauración de un estilo político reivindicativo y combativo que nos devolvió a tiempos pasados de ingrato recuerdo. Abrió heridas que aun estaban cerrándose y aceleró el ritmo de los acontecimientos, poniendo la política a la vanguardia de la sociedad según el estilo de una tradición de izquierdas más dirigista y moralizante. 

Aquí, exactamente aquí, se ha detenido el análisis histórico de la derecha, y aquí sigue anclado. El argumento es simple: “todo estaba en orden hasta que llegó el zapaterismo, luego lo que hay que hacer es volver atrás”. Formalmente este es el argumento de todo pensamiento reaccionario, el hilo dorado de la historia: hubo una época dorada y un suceso violento ha cortado el hilo que nos unía a él. Así sucedió con la Revolución Francesa, que es el hito histórico que hace nacer a conservadores y reaccionarios y, desde entonces, la derecha se mueve en ese difícil equilibrio entre conservar y reaccionar.  2004 es para la imaginación reaccionaria española lo que para Bonald o de Maistre fue 1789. Y de ahí el empeño de volver atrás, de hablar de un “frentepopulismo”, de acusar a la izquierda de todos los males, y de no encontrar pie en el presente porque ha renunciado a cualquier diálogo con el futuro.

¿Cuál es esa “época dorada” que actúa como mito político en la mayoría de la derecha? Es la época de la caída del muro, 1989, el triunfo del neoliberalismo. Unos años de ilusión y prosperidad que en España coincidieron con la consolidación de la Transición, la decadencia del “felipismo” y la posibilidad de mirar hacia delante. Pero la derecha española no se ha parado a pensar que aquellas ideas aparentemente triunfantes no le eran propias y le quedaban como un traje mal cosido. El liberalismo que triunfa en los 90 es el par ideológico del socialismo soviético, la otra cara de una misma moneda. Tiene la misma raíz individualista y antipolítica que el comunismo, y si triunfó fue porque el comunismo colapsó, pero las grandes cuestiones sobre las libertades, la sociedad y la solidaridad quedaron sin responder, como así lo anticiparon autores como Oakeshott o Aron. La derecha sí debe, por tanto, volver a los 90, pero no para refrescarse en aquellas ideas, sino para ir hasta el fondo de un camino que se quedó sin recorrer.

Respecto al segundo punto, al de la cuestión de la toma de las calles a partir 2004 y el resurgir de la sociedad civil española de derechas, ¿qué ha quedado? Ha quedado una cultura política reaccionaria y combativa, grupúsculos sociales desintegrados e inconexos, familias políticas mal avenidas y una iniciativa social secuestrada por unos pocos grupos ultraconservadores que son los únicos que mantienen una mínima capacidad de movilización. 

Si el gran valor de la sociedad española era la fortaleza de emprender acciones asociativas de modo espontáneo, con un sano escepticismo metafísico hacia el poder, y una alegría vital y casi inconsciente por la vida en común, eso se perdió por una identificación de la calle con la bronca y la reivindicación. La España de las sillas en la calle pasó a ser la España de los balcones. De una cultura del encuentro y del espacio público se pasó a una cultura de la reivindicación y defensa de la privacidad. Los métodos de la batalla cultural que Europa experimentó tras la segunda Guerra Mundial, y que entendían que las ideas eran armas tanto o más eficaces que el plomo, no habían llegado a España, donde el mayo del 68 fue un fenómeno edulcorado y macarra que llevó el nombre de “Movida”. Las ideas son el resultado de una conversación y la constatación de una verdad compartida, y no armas arrojadizas contra el prójimo.

Todas aquellas manifestaciones, banderas y consignas no han dejado en la derecha española ni unidad ni ilusión. Normalmente, cuando las personas actúan juntas, queda en ellas un vínculo especial y una unidad que tiene más valor incluso que la obra ejecutada. Pero cuando esta acción es dirigida desde arriba sin la participación consciente del de abajo, lo que queda es una impresión de gregarismo, de pérdida de identidad y sensación de manipulación y desconfianza. Así ha quedado la derecha española en lo social, reducida a rebaño inconexo cuya única unidad es la sensación de miedo.

Por suerte o por desgracia, la única ideología estructurada en torno a un partido, y con una masa social relevante, que incorpora en su discurso ideas de futuro, de unidad, de comunidad, solidaridad y que es capaz de proponer algo concreto para la vida en común es la socialista, que a lo largo de los últimos 20 años se ha ido renovando e incorporando nuevos retos.

La derecha española ha perdido el equilibrio con el presente y se ha convertido en una ideología reaccionaria que añora una edad dorada, que culpa al adversario de todos los males presentes, y que no es capaz de generar vínculos estables, creativos y propositivos en la sociedad que supuestamente defiende. No tiene capacidad de responder a las carencias de la ideología de izquierdas y por ello, ni se suma a lo razonable, ni corrige con eficiencia los errores. Esta vez el perro del hortelano no son “ellos”, somos “nosotros”.


Josep M.ª Castellà Andreu: Ante la crisis que viene: acertar en las reformas necesarias

 

Josep M.ª Castellà Andreu. Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Barcelona. Presidente del Club Tocqueville.

 

Se ha dicho que las crisis revelan las fortalezas y debilidades de los comportamientos humanos, la sociedad, la política y las instituciones (Stéphane Velut). Es lo que hemos visto en los dos meses  últimos con la crisis de la Covid-19 y la aplicación del Estado de alarma, ahora sometido al debate sobre una prórroga especialmente larga. También veremos si, tras la finalización de este período excepcional y cuando debamos afrontar una profunda crisis económica y social, primarán las fortalezas de las instituciones o las debilidades de ciertos comportamientos políticos.

Hasta ahora la prioridad ha sido hacer frente a la emergencia sanitaria. Para ello se decretó el Estado de alarma el 14 de marzo y se han aprobado las sucesivas prórrogas. El objetivo principal ha sido garantizar la salud pública y al mismo tiempo aligerar a trabajadores, familias y empresas de los gastos derivados del cierre de actividades durante la vigencia del Estado de alarma. Para ello se ha hecho un uso muy amplio de decretos leyes, que además se modifican entre sí. 

Con la perspectiva de dos meses bajo el Estado de alarma, se pueden destacar algunos rasgos que han caracterizado su aplicación hasta hoy: 1) vivimos una restricción extrema de algunos derechos fundamentales, de los que el confinamiento es la expresión más evidente, y un enorme intervencionismo en la vida económica y social; 2) el protagonismo del gobierno central frente al Parlamento, apenas activo en su tarea de control, y frente a las Comunidades Autónomas, que han quedado relegadas a un rol ejecutivo de las decisiones gubernamentales sobre la pandemia; 3) las medidas gubernamentales se han adoptado unilateralmente, sin contar con la oposición ni los entes territoriales, cosa que ha empezado a cambiar con la última prórroga. El gobierno se ha parapetado tras unos “expertos” que han ido presentando a la opinión pública las medidas, seguramente consciente de que era lo más efectivo para convencerla de sus bondades, dado el descrédito de la capacidad de gestión de ciertos gobernantes; y 4) sobre todo al inicio, ha predominado un discurso de ensalzamiento de lo público contrapuesto a lo privado, presentado como única solución posible a la crisis. Sin embargo, este discurso ideológico choca con la realidad: la ineficacia manifiesta en la provisión de material sanitario o la falta de inspección en residencias de ancianos. Y contrasta también con el esfuerzo, las iniciativas y la eficacia de empresas, asociaciones y ciudadanos, además del trabajo abnegado y responsable de sanitarios, ejército y resto de servidores públicos.

Hemos visto como en esta crisis volvía a aflorar la nación como comunidad política de referencia principal para los ciudadanos, esto es, como espacio principal de solidaridad y cuidado mutuos, frente a otras que pasaban a segundo plano: las comunidades autónomas o la Unión Europea. 

El debate se ha centrado los últimos días en la necesidad de una quinta prórroga del Estado de alarma y su duración, que el gobierno pretendía ampliar a 30 días de una tajada en lugar de los 15 de las prórrogas anteriores y que el acuerdo con Ciudadanos ha hecho rectificar. La ley orgánica no indica el plazo ni el alcance de la prórroga, que deberá acordar el Congreso en cada caso. Es verdad que en el precedente de 2010 la única prórroga concedida fue de 30 días, pero ahora se produciría tras cuatro prórrogas de 15, y ya en fase de “desescalada”. Para valorar la adecuación constitucional de estas nuevas prórrogas en este nuevo contexto, hay que razonar con los principios que se derivan de la legislación vigente y que guían también el derecho de emergencia en Derecho comparado. Las prórrogas al Estado de alarma han de ser excepcionales y por el tiempo indispensable, y adecuarse a los principios de necesidad y proporcionalidad, además de mantenerse el normal funcionamiento de los demás poderes. Lo único que parece que pretendía la ampliación del plazo de la prórroga era evitar la incertidumbre de lograr una nueva autorización parlamentaria y soslayar el control del Congreso durante un periodo largo, lo cual choca con los criterios restrictivos del derecho de excepción.

Cuando pase el Estado de alarma, es de esperar que en pocas semanas, y con la vuelta al ejercicio normal de los derechos fundamentales, la vigilancia sanitaria seguirá. Pero se sumará otro tipo de actuación pública para hacer frente a la crisis económica y social. En este nuevo escenario sería pertinente aprender de la experiencia, detectar los déficits políticos y jurídicos habidos y tratar de superarlos. Dichos déficits en buena parte vienen de antes del Estado de alarma, pero ahora han emergido con toda su crudeza. Centrémonos en algunas consideraciones de orden político y constitucional.

En primer lugar, el protagonismo del gobierno seguirá, pero deberá ser compartido con las Cortes y con las Comunidades Autónomas, que recuperarán el pleno ejercicio de sus competencias. Al gobierno le corresponde aprobar decretos ley, instrumento normativo adecuado para afrontar crisis graves, pero para su convalidación debe intervenir el Congreso. Además, hay que aprobar la ley de presupuestos y ciertas reformas normativas necesarias. Ahora bien, no se trata de un “programa de reconstrucción”, como el que siguió a la Guerra civil americana o a la II guerra mundial, ni tampoco la refundación constitucional. Esta no es necesaria para hacer frente a la situación, sino que responde más bien a una agenda ideológica de aprovechamiento de la crisis para cambiar el sistema constitucional. 

En cambio, hay reformas a considerar, como por ejemplo las siguientes: por un lado, se ha visto como el Ministerio de Sanidad apenas cuenta con personal, medios y estructuras suficientes para liderar la lucha contra la emergencia sanitaria. Ello debería llevar a replantear el reparto competencial en esta materia para ser más a ágil la intervención en el futuro, o al menos institucionalizar mejor la coordinación y la cooperación interterritoriales. Por otro lado, en la anterior crisis quedaron pendientes las reformas de las administraciones públicas de forma más acorde a las necesidades de la sociedad, así como reformas en educación y universidades, que permitan preparar mejor a los jóvenes.

El rol de la Unión Europea será fundamental. Es una red de seguridad (límite y garantía) frente a tendencias populistas y neoautoritarias que erosionan la democracia. Esto sucede cuando se prescinde de la dimensión constitucional y pluralista de la democracia y se abusa del poder. Por ello, es tan necesaria una opinión pública libre y verdaderamente independiente del poder y unos controles políticos y judiciales efectivos (la suspensión de plazos procesales y administrativos, pasadas las primeras semanas, ahora se hace difícil de explicar y no se corresponde con la no interrupción del funcionamiento normal de los poderes constitucionales, art. 116.5 CE). 

Para aprobar las reformas necesarias y para negociar con las instituciones europeas son convenientes amplios pactos políticos, que aparquen la polarización y la desconfianza entre actores políticos y que antepongan el bien común a las estrategias cortoplacistas y electoralistas. Mucho nos tememos que quedará en desideratum, porque no es fácil que una crisis como esta cambie los comportamientos políticos que se han ido asentando desde hace tiempo. Pero como ciudadanos podemos y debemos exigirlo. 

 


Juan Carlos Rodríguez: Cuidados con cuidado

 

Juan Carlos Rodríguez. Investigador de Analistas Socio-Políticos, Gabinete de Estudios.

 

Podemos entender y caracterizar las sociedades humanas de múltiples maneras, fijándonos en cómo se gobiernan (y hablamos, por ejemplo, de regímenes autoritarios o de democracias), en el orden económico predominante (hoy, en la gran mayoría de los casos, la economía de mercado, con matices más o menos importantes aquí o allá), en el sector económico más característico (sociedades preindustriales, industriales, postindustriales), en sus rasgos culturales (sociedades más o menos tradicionales, más o menos religiosas), en el tamaño o tipo de sus Estados de bienestar (socialdemócratas, liberales, continentales, mediterráneos…), por citar solo algunos de los criterios al uso. 

Una caracterización algo distinta es cada vez más corriente, al menos en el mundo académico, en Sociología, en particular. Se trata de ver nuestras sociedades actuales, y las sociedades humanas en general, como sistemas de cuidados mutuos. El énfasis, por tanto, no está ni en el modo de gobierno, ni en el orden económico o el sistema productivo, ni en lo cultural, ni en el tipo de Estado de bienestar. Está en que, lo queramos o no, como sociedades, como grupos humanos amplios, para sobrevivir tenemos que cuidar a quienes lo necesitan, a los vulnerables, a los más débiles, a los menores, a los muy mayores, a los enfermos, a quienes requieren alguna ayuda por una discapacidad, etc. A todos, en definitiva, en un momento u otro de nuestras vidas. 

Quienes proponen este enfoque intentan hacer visibles tareas y trabajos que no siempre se tienen en cuenta en la discusión pública ni mucho menos se recogen en las cuentas de la economía de mercado o en las cuentas públicas. Por ejemplo, los cuidados, tradicionalmente protagonizados por las mujeres, en el seno de las familias. Y una parte de esos autores, más bien autoras, ha insistido en que la lógica de esos cuidados no necesariamente puede reducirse a la lógica de los trabajos “fuera del hogar”. Tienen un componente de emociones, de empatía, de preocupación, de interés intrínseco en y por quien recibe los cuidados no fácilmente reproducible si no se da una cierta cercanía personal entre el cuidador y receptor de los cuidados. Otros, claro, creen que sí pueden darse, al menos en parte, ese tipo de relaciones fuera de relaciones personales tan íntimas o cercanas como las familiares. 

En las formulaciones más habituales, el cuidado al que se refieren esas teorías hay que entenderlo en un sentido amplio. Una definición de cierto curso es la de dos científicas sociales norteamericanas, Berenice Fisher y Joan Tronto, que ya cuenta con un par de décadas: “En el nivel más general, sugerimos que el cuidado puede entenderse como una actividad de la especie (humana) que incluye todo lo que hacemos para mantener, prolongar y reparar nuestro ‘mundo’, de tal modo que podemos vivir en él lo mejor posible. Este mundo incluye nuestros cuerpos, nuestras individualidades y nuestro entorno, todo lo cual aspiramos a entretejer en una telaraña compleja, sustentadora de la vida”. 

Si aceptamos una definición así, es bastante obvio que los cuidados no se limitan solo a la crianza de los hijos, la atención y la cura de los enfermos, el acompañar a la gente mayor, las ayudas a la gente con discapacidad, el consejo a los amigos, las ayudas mutuas entre vecinos, o, no en último lugar, los cuidados mutuos en las parejas. 

Incluyen, muy en primer lugar, cuestiones muy básicas, ligadas a la supervivencia y al mantenimiento de unos determinados niveles de vida, de bienestar material—que no suele ser solo material. Es decir, necesitamos producir y distribuir el conjunto de bienes y de servicios que constituyen la gran mayor parte de lo que incluimos en las cuentas económicas nacionales. 

En los tiempos de la pandemia que afrontamos, los cuidados más directos son más obvios; el cuidado a los enfermos, en particular, y no en vano admiramos y reconocemos el trabajo de quienes lo están procurando, médicos, personal de enfermería, y el resto del personal sanitario. 

Pero también saltan a la vista cuidados mutuos de los que somos menos conscientes, tales como las conductas orientadas a no contagiar con el nuevo coronavirus, en general a nadie, y menos todavía a quienes más pueden sufrir por ello, los mayores. Lo que nos recuerda que cuidar siempre implica procurar no dañar a los demás, ni siquiera involuntariamente. 

En ese caso, cuidar no implica una relación directa, basada en el cariño, en la empatía cercana, en la consanguinidad, en la compasión por el débil o el vulnerable que tengo ahí delante, en el prójimo en el sentido más estricto de la palabra. Por el contrario, cuidar implica una consideración muy racional, casi abstracta, planteada en términos de empatía no por los cercanos, sino por los lejanos, los compatriotas, por ejemplo. Cuidar implica una forma sui generis de acción colectiva, de coordinación en aras de un bien común esta vez bastante bien identificado. Siempre hay alguna emoción, alguna pasión que impulsa a cuidar a los demás, pero en este caso lo que prima es el razonamiento, un razonamiento casi matemático, el que está detrás de los esfuerzos individuales y colectivos por reducir por debajo del 1 el que denominan número reproductivo básico, lo que significa evitar que la epidemia se extienda. 

Durante varias semanas pudo ser menos obvio que cuidar también implica producir y distribuir bienes y servicios, ante la urgencia de reducir lo más posible el número de fallecidos. Pudo serlo, pero no dejó de serlo: los alimentos, los productos de limpieza, las medicinas, etc., tenían que seguir llegando a nuestros hogares. El personal sanitario ha necesitado de múltiples recursos materiales para desempeñar su labor, y ha habido que acopiarlos a marchas forzadas, no siempre con éxito. Ahora, en un momento distinto de la epidemia, cuando nos proponemos ir recuperando una vida más o menos normal, es mucho más obvio que si la producción de bienes y servicios no se recupera en la medida suficiente, el resto de los cuidados también se resentirá, gravemente, comenzando por el cuidado de la salud. No se trata de lo uno o de lo otro, sino de la combinación apropiada de ambos. 

Hace unos meses, en una reunión de gente cercana, preocupada por el futuro del país, justo antes del desencadenamiento de la epidemia, hablando de nuestro sistema de bienestar, proponía considerar una expresión: “nos cuidamos con cuidado”. Es decir, organizamos un sistema de bienestar, con sus componentes público y privado, con el alcance adecuado, enfocado especialmente enfocado en los más vulnerables, los más necesitados de cuidados, pero lo hacemos con cuidado, es decir, con prudencia, con sensatez, por ejemplo, haciéndolo compatible con los niveles necesarios de crecimiento económico, entre otras cosas. 

Cuando lo proponía estaba, sin ser consciente de ello, jugando con tres de las acepciones de la palabra “cuidar”: la más inmediata, en aquel contexto, la de “asistir, guardar, conservar”, pero también las de “poner diligencia, atención y solicitud en la ejecución de algo” y “discurrir, pensar”. Lo que no sabía entonces es que la palabra “cuidado” viene del latín “cogitatus”, el participio de “cogitare”, es decir, pensar, reflexionar. 

Es lo que nos queda por delante en esta crisis sanitaria que ya es una gravísima crisis económica: seguir participando en ese sistema de cuidados con los sentimientos apropiados, todos, comenzando por los gobernantes y acabando por el último adolescente que no sufrirá la enfermedad o la sufrirá sin darse cuenta, pero también, y sobre todo, con las dosis de reflexión, de inteligencia, de conocimiento apropiadas. No estoy seguro de que hasta ahora hayamos contado con las suficientes, pero, desde luego, no tenemos más remedio que hacer acopio de ellas en las próximas semanas y en los próximos meses.

 

Transcripción de la intervención para el Club Tocqueville: "Juan Carlos Rodríguez / MIRADAS ANTE LA CRISIS DEL COVID-19"


Antonio García Maldonado: El contraste de la pandemia radiografía el malestar (y la esperanza)

Antonio García Maldonado. Consultor y ensayista.

Desde el inicio de la pandemia, junto al drama cotidiano de los muertos y el derrumbe económico, ha convivido otro fenómeno curioso: el de inquirir a expertos en distintos campos del saber y de distintos sectores "cómo será el mundo tras la Covid-19". Nuestros medios y redes sociales se llenaron desde el comienzo de vaticinios, afirmaciones, predicciones y opiniones sobre cómo luciría el mundo tras superar el trauma del coronavirus. Y no era tanto un exceso de oferta como una hipertrofia de la demanda de respuestas: casi todos los que opinan lo hacen porque se les pregunta. Algo lógico, porque el ser humano necesita certidumbre –por más que el mundo económico y laboral, entre otros, se basen en gran medida en lo contrario, y de ahí bastantes de nuestros males colectivos–. Decía Cicerón que "la seguridad de la gente es la Ley Suprema", y en base a ella buscamos coordenadas básicas para manejarnos en este interregno doloroso.

Sin embargo, nadie sabe nada. No hay ningún arcano que ningún Oráculo pueda desentrañar para nosotros consultando ni las tripas de un ave ni recurriendo al Big Data. Porque no puede haberlo, o mejor, porque no debe haberlo. Asumir que podemos saber cómo serán las ciudades, o los empleos, o las casas, o las familias del futuro inmediato, es tanto como aceptar que nuestro papel en dicho futuro es nulo, en la medida en que si se puede anticipar es porque está prefijado. Sin duda hay tendencias de fondo, muchas de las cuales se venían observando antes de la pandemia, que nos ponen tras pistas sólidas en cuanto al funcionamiento de nuestra sociedad y de sus instituciones formales e informales. Pero de ahí a establecer escenarios tan definidos y cerrados, media un buen trecho que deberíamos –ciudadanos y expertos de todo tipo– tomar con cautela.

Sin embargo, esta profusión de vaticinios, así como la demanda que la provoca, nos muestra algo importante. El coronavirus ha funcionado como una suerte de solución de contraste, como esos brebajes utilizados en medicina para ver mejor el interior de un cuerpo que quizá necesite tratamiento o cirugía. Cada pregunta y sus respuestas nos enseñaban, más que un vaticinio sobre el futuro, una clara insatisfacción con determinados aspectos del presente y del pasado reciente. Síntomas no tanto de cómo creemos que deben ser nuestras sociedades, sino un hartazgo claro ante algunas de sus realidades actuales. De ahí que sea lícito ver en este exceso de vaticinios el síntoma positivo de una mínima esperanza de que las cosas deben cambiar –por más camufladas que estén las afirmaciones en un van a cambiar–, y no el cinismo desencantado tan habitual en otros momentos.  

 

Cuando se vaticina un nuevo impulso a las relaciones afectivas con amigos y familia, emerge la soledad presente. Cada vez que se prevé un futuro de ciudades más cohesionadas, verdes y mejor conectadas, asoma detrás el hartazgo por la insalubridad de unas urbes contaminadas e incómodas para vivir, no digamos para criar una familia. De la misma forma que cada vez que se augura el impulso definitivo a flexibilidad del teletrabajo, lo que destaca de fondo es el empacho de los atascos, la sensación de derroche vital al llegar a casa a deshoras con demasiada frecuencia. Si creemos que las democracias serán más consocionales y los líderes más dialogantes no es tanto porque ningún elemento nos lo haga creer así –las opiniones divergen aquí mucho–, como por el cansancio lógico ante una polarización exagerada, agobiante y desbordada. O si creemos que los ciudadanos aumentarán su consumo de prensa seria y rechazarán los bulos se debe más a nuestro deseo de cambiar el ambiente de una conversación pública imposible que porque los datos objetivos nos indiquen que vaya a ser así. Como le gusta decir a Manuel Arias, "toda predicción se sostiene secretamente en el deseo".

Uno de los vaticinios más significativos ha sido el de que muchos trabajos poco o mal considerados hasta ahora tendrán más reconocimiento material y simbólico en el futuro. Dado que entre quienes más nos han ayudado a sortear el confinamiento han estado cajeras, repartidores, riders, camioneros o kiosqueros, es lógico pensar que así será, al menos por un tiempo. Pero no deja de ser, también, una denuncia de un presente y un pasado reciente realmente cruel a este respecto. Décadas en las que se desplegó un lenguaje excluyente y darwinista social respecto al valor de determinados empleos y sectores –y regiones e incluso países– que no podía terminar bien. En nombre de la innovación y la competitividad –objetivos loables, en principio– se ha despreciado a mucha gente tratada sólo en base a sus habilidades –o skills, en la jerga–, sin más consideración ni a su dignidad, ni a su papel en el mundo, ni a sus necesidades más elementales, entre las que están un salario suficiente, pero no sólo eso.

Todo este debate se ha resumido en la pregunta dicotómica de si de esta pandemia saldremos siendo "mejores o peores". El hecho de que preguntemos y vaticinemos transformaciones positivas implica que esperamos algo digno del futuro, y eso ya es significativo respecto al pasado inmediato. Por eso, la solución de contraste de la pandemia ha revelado las múltiples caras del malestar, pero también ha mostrado que seguimos atesorando expectativas y esperanzas. Como si el médico que nos analizara hubiera encontrado múltiples patologías, pero también una fortaleza inesperada en nuestro sistema inmune capaz de doblegarlas pese a que el primer diagnóstico apresurado nos daba por perdidos. No es poco.  


Belén Becerril: Imperfecta e imprescindible

Por Belén Becerril. Profesora de la Universidad CEU San Pablo. Subdirectora del Instituto de Estudios Europeos del CEU.

En las últimas semanas se ha hablado a menudo de una crisis existencial de la Unión Europea, poniéndose en duda incluso su propia supervivencia. Como es lógico, la crisis que vivimos no ha provocado el cuestionamiento existencial de China o de los Estados Unidos. Sin embargo, dicen algunos, la Unión no es una nación, es sólo un proyecto y, por lo tanto, se legitima por sus resultados. Pende siempre de un hilo.

En realidad, la crisis ha acompañado siempre la integración europea: el fracaso de la Comunidad de Defensa en sus primeros años, la quiebra del sistema de votación en los sesenta, el no danés al Tratado de Maastricht, el fracaso del Tratado Constitucional… La historia de la integración incluye, junto a sus logros extraordinarios, una larga sucesión de tropiezos, de proyectos frustrados, de desafíos. En los últimos años, la crisis económica y financiera y la de refugiados han ocupado un lugar muy destacado en esta larga lista de dificultades. También la retirada del Reino Unido, una crisis agónica, prolongada a lo largo de cuatro años.

Como era de esperar, la pandemia que sufrimos ha despertado, si cabe en mayor medida, las voces de los agoreros. Estas se unen a las muchas que desde los medios anglosajones señalan desde hace años el colapso de la Unión o el inminente final del euro. El proceso de integración no es irreversible, como bien ha puesto de manifiesto la retirada británica, pero, ¿tiene sentido, en nuestros días, plantear cada crisis en términos existenciales?

Creo que a menudo, tras el discurso apocalíptico, late la frustración causada por algunas expectativas infundadas.

En primer lugar, muchos esperan que la Unión resuelva con éxito los problemas planteados en ámbitos en los que carece de competencias. En salud pública, por ejemplo, las competencias quedan en manos de los Estados miembros. La Unión no puede sustituir la competencia nacional y toda armonización está expresamente prohibida por los Tratados. Sólo le queda la posibilidad de fomentar la cooperación entre los veintisiete gobiernos... algo difícil cuando deciden las autoridades nacionales y no hay posibilidad de adoptar decisión alguna por mayoría cualificada.

En segundo lugar, muchos esperan de la Unión la plasmación perfecta de sus ideas políticas. Con frecuencia, las críticas a las políticas europeas vertidas desde la derecha o la izquierda parecen poner en duda la misma legitimidad de la Unión Europea. Para algunos conservadores y liberales esta sólo se concibe en tanto y en cuanto refuerce las libertades del mercado interior o exija a los Estados miembros políticas económicas ortodoxas. Para algunos socialdemócratas, en cambio, la Unión sólo se justifica en la medida en que desarrolle políticas de solidaridad y muestre flexibilidad hacia las políticas fiscales. Buen ejemplo de ello son las voces que desde de la izquierda española han sugerido, en las últimas semanas, que una Unión sin eurobonos es insolidaria e inútil.

La Unión Europea no es perfecta. No resolverá todos nuestros problemas, ni saldrá airosa de cada crisis, menos aún, cuando carezca de competencias. Tampoco será nunca la plasmación de nuestros ideales, ni nos librará, afortunadamente, de la pluralidad que caracteriza al espacio político europeo. Siempre habrá tensiones entre sus Estados miembros. Siempre habrá que ajustar las claves del reparto competencial.

Pero, con todas sus limitaciones, la Unión Europea es un gran éxito colectivo del que podemos estar orgullosos. Como se ha dicho, un éxito inverosímil, a la luz del pasado europeo. Y también, un marco capaz de afrontar con éxito los retos que plantea la sociedad global de nuestro tiempo -  las pandemias, las crisis financieras, el cambio climático, la transformación digital… -. Retos ante los que los Estados, en solitario, sólo pueden fracasar. Europa es imperfecta, pero también es imprescindible.

Tras setenta años de integración, la Unión es mucho más que un proyecto, es una construcción sólida y madura, basada en una identidad cultural, latente bajo la rica diversidad europea, y en unos valores compartidos. Construida en torno a un gran espacio de libertad que llamamos mercado interior, con unas instituciones comunes y unas normas aceptadas por todos.

Por lo demás, el discurso apocalíptico a menudo nos oculta los pasos en la integración que acompañan a cada crisis. Llama la atención, por ejemplo, el silencio de los medios ante la propuesta de la Comisión de aumentar el presupuesto de la Unión hasta el dos por ciento del PIB, algo inconcebible hace tan sólo unas semanas. Parece mentira que, tanto tiempo después, las palabras de Jean Monnet sigan resultando tan certeras: “Siempre pensé que Europa se haría entre crisis y sería la suma de las soluciones que diéramos a estas crisis”. Mientras, los agoreros anuncian el colapso de la Unión.


Ruido

Por Roberto Inclán. Editor y analista de política alemana.

¿Está la salud por encima de la economía y la seguridad pública por encima de nuestras libertades? La respuesta de nuestros políticos actuales a estas dos difíciles cuestiones ha sido un rotundo sí, al menos por el momento. Si bien la crisis sanitaria provocada por la covid-19 no ha afectado a todos los países por igual, sí ha marcado la tendencia de que merece la pena pagar el coste económico que sea necesario para proteger nuestra salud y nuestras vidas. Donde sí está habiendo mayores diferencias no es en el objetivo final, sino en las maneras para afrontar esta situación.

Como afirma el profesor Ángel Rivero en su libro de Geografía del populismo, el populismo es una expresión del malestar con la democracia, generalmente a partir de un contexto de crisis: económica, cultural, política o social. Para ello, el populismo necesita permanentemente un enemigo sobre el que focalizar la culpa de los males de la sociedad y ser el causante de las crisis: los ricos, la casta, los inmigrantes, etc. Como parte de su discurso antipolítico, ofrece soluciones simples a los problemas complejos de las sociedades modernas. En la actualidad, la imposibilidad de que “un virus chino” sea un enemigo político creíble para la mayor parte de la ciudadanía, provoca que su eficacia comunicativa habitual sea menor, y las personas prefieran otro tipo de liderazgos.

En este sentido, el ruido constante y los mensajes contraproducentes generados por líderes “carismáticos” como Trump o Bolsonaro han quedado silenciados por otro tipo de liderazgo más eficaz e inteligente como el de Angela Merkel, con palabras y respuestas bien recibidas por la mayoría de la población, como así muestra su subida de un 8% en la última encuesta realizada por Forsa en Alemania y que confirman la posición de dominio de la CDU (38% del total). Por el contrario, en los datos del partido Alternativa para Alemania (AfD, en sus siglas en alemán) se observa una caída de un 4-5% en los dos últimos meses (10% del total), debido a la incapacidad para ofrecer alguna propuesta de calado en la sociedad alemana. Esta desorientación de los partidos populistas no es exclusiva de Alemania. En el caso de Austria, el Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) también cae un 3%, según los datos de Europe Elects. Una explicación a esta situación podría ser que, tanto en el caso de Austria como de Alemania, la crisis está siendo mucho menor en términos sanitarios que en otros países más afectados, como España o Italia. No obstante, el comportamiento de la Lega de Matteo Salvini o de Vox de Santiago Abascal, también muestra una caída en las encuestas de ambas fuerzas políticas –un 2,8% menos en el caso de la Lega y un 1,8% en el de Vox–.

Ante la posibilidad de elegir entre discursos más radicales o más moderados, estas sociedades están apostando por un rechazo de la radicalidad y por una mayor confianza en quienes, sin hacer tanto ruido, logran solucionar los problemas del presente a los que se deben enfrentar. La crisis sanitaria creada por la expansión de la covid-19 obliga a los líderes políticos a adoptar medidas complejas y eficaces. En un primer lugar para salvar vidas y lograr el menor número de afectados posible, y posteriormente para reactivar la economía y tratar de tener una recuperación rápida y exitosa.

A pesar de todas las incertidumbres, si algo parece claro es que de esta crisis sanitaria los Estados saldrán con un gran aumento de su deuda pública y, por tanto, con la necesidad de llevar a cabo una serie de recortes que tendrán un impacto en la sociedad. Será en este escenario más económico y de miedo donde sea más probable que los mensajes populistas vuelvan a tener una mayor acogida y puedan volver a encontrar un blanco a quien culpar de los males de nuestra sociedad democrática. O quizá de todo lo malo que nos ha traído la covid-19 hayamos aprendido alguna lección.

 

 


Borja Barragué: ¿Es justificable la discriminación estadística (basada en la edad)? 

Borja Barragué es profesor de Filosofía del Derecho en la UNED.

 

De qué hablamos cuando hablamos de discriminación estadística

En apenas un par de meses, la pandemia del Covid ha cambiado nuestras vidas. Ya no salimos a correr o andar en bicicleta por la calle, sino que nos conformamos con hacer rodillo y dar paseos en el salón de casa. Ya no sale uno a socializar al bar, sino que se conecta a Zoom. Esto ha provocado un aumento del desempleo y una caída de los ingresos, sobre todo entre los colectivos vulnerables más afectados por el cierre de las actividades decretada. Las cicatrices sociales aparejadas a todo ello curarán rápido si la pandemia también lo hace, pero serán visibles muchos años en el caso de que no sea así. 

Pero junto a estos cambios bruscos, la pandemia está sacando a la superficie algunos fenómenos sociales con los que hemos convivido muchos años pero que habíamos decidido obviar. Es el caso de la discriminación estadística. Me explico.

Hasta que estallara la crisis sanitaria del Covid, un ciudadano español podía viajar libremente por cualquier país de Europa. Pero un ciudadano de Burundi, por ejemplo, no. Esto tiene sentido porque la libre circulación de trabajadores es un principio fundamental establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, del que España es parte, pero Burundi no. 

Gracias a ello, los ciudadanos europeos hemos podido viajar a casi cualquier país sin restricciones ni visados. Cuando eso es así, uno tiende a pensar que es lo normal. Pero es lo normal solo si uno tiene el pasaporte de un país rico. Si, en cambio, uno ha nacido en Burundi, la cosa se complica. ¿Por qué?

La asunción implícita es que si uno vive en Alemania, por ejemplo, un país económicamente muy desarrollado y donde impera el Estado de Derecho, normalmente no va a extender ilegalmente su visita para buscar trabajo en otro país. La norma es la confianza y la laxitud. Si uno es de Burundi, por el contrario, la presunción se invierte: la norma es la sospecha y la inspección. 

Dicho de otra forma: si uno es pobre, vive instalado en la discriminación estadística permanente.    

Muchas políticas se basan en ese concepto por razones de eficiencia. En términos abstractos, discriminar estadísticamente consiste en tomar una característica de las personas que correlaciona positiva pero imperfectamente con aquella variable que nos interesa (“proxy”). Pensemos en una empresa de seguros. Lo ideal sería poder saber el riesgo de accidente que tiene cada individuo. Sin embargo, a la hora de fijar el precio de la prima, la práctica tiende a discriminar en contra de los conductores varones y jóvenes (proxy), aunque lo que nos gustaría identificar realmente son los conductores imprudentes (sean o no varones jóvenes). 

La cuestión es que ese ejemplo no agota los casos de discriminación estadística. Si alteramos el ejemplo y en lugar de primas de seguro hablamos de obtener un empleo y cambiamos a los veinteañeros hiper-hormonados por mujeres (en edad de quedarse) embarazadas, el juicio moral que nos merece la discriminación estadística cambia. Si volvemos a modificar el ejemplo y ya no hablamos de un empleo sino de una plaza en la Universidad y en lugar de mujeres (en edad de quedarse) embarazadas ponemos que hablamos de colectivos históricamente discriminados (población afrodescendiente), entonces el juicio moral que nos merece la discriminación estadística vuelve a cambiar.  

 

El discreto encanto de los nihilistas de la justicia intergeneracional

En sus planes de desescalada, muchos países están modulando el rigor del confinamiento en función del grupo de edad. Dadas sus necesidades específicas, España ha flexibilizado la cuarentena para los niños y adolescentes. Dado que la letalidad del Covid está muy concentrada en el grupo de edad de 70 y más años —en España representan alrededor del 85% de las muertes totales—, el confinamiento híper riguroso adaptado por España es una política destinada a evitar la saturación hospitalaria cuyos beneficiarios son, sobre todo, los casi 7 millones de españoles mayores de 70 años. Es, por tanto, una forma de justicia intergeneracional hacia los mayores.

Ahora bien: todo lo bueno que tiene el confinamiento con respecto a la capacidad de atención hospitalaria, lo tiene de malo para la economía. Además, los paganos de la factura del cierre de sectores económicos enteros no van a ser los mayores, sino los jóvenes. Igual que en la crisis financiera de 2008, el zarpazo económico de la pandemia se está cebando con los jóvenes, que en España han sufrido uno de cada dos despidos

Así pues: ¿es moralmente aceptable que el grupo más vulnerable permanezca más tiempo confinado? 

Según el enfoque (deontológico) más extendido, la discriminación estadística es justificable sólo en la medida en que lo sea también el objetivo que persigue y, además, no se vulnere el derecho a ser tratado como un individuo

Supongamos, en aras del argumento, que concedemos que el confinamiento extra para los mayores tiene un objetivo impecablemente legítimo como es proteger la salud del grupo de edad más vulnerables al Covid. Incluso si admitimos eso, muchas personas pensarán que el confinamiento extra no es justificable porque no supera el segundo filtro; esto es, porque fracasa a la hora de observar el deber de tratar a los mayores como individuos. 

Pero como dice el filósofo danés Kasper Lippert-Rasmussen, es falso que tengamos un derecho a ser tratados como individuos. A veces, los agentes que patrullan un barrio (muy) rico de una ciudad y ven una persona que “no encaja”, hacen bien en no pararle y pedirle la documentación a pesar de que determinada información proveniente de la observación (forma de vestir, raza) les podría llevar a hacerlo. En nuestro caso, habrá muchos niños españoles que sean vulnerables a la enfermedad (diabéticos, por ejemplo) y que sin embargo se van a aprovechar de las salidas a la calle porque, estadísticamente, el virus no se ceba con los grupos de edad más jóvenes. Cuando opera en nuestro beneficio, no parece haber mucho problema con la discriminación estadística.   

En realidad, la discriminación estadística (sólo) es inaceptable cuando opera en nuestro perjuicio y, más aún, incorpora una visión o trato degradante, incompatible con la igual dignidad de todas las personas. Por aterrizar la idea: una discriminación estadística que humilla y estigmatiza es que la policía cachee solo a las personas de determinado color o condición socioeconómica. Esa discriminación estadística es intolerable porque es incompatible con la igual dignidad de todas las personas. 

Si pensamos que el confinamiento extra incorpora esa visión degradante de las personas mayores, entonces sí tenemos razones para rechazarlo. Si, por el contrario, pensamos que no hay nada de humillante en extender la cuarentena para hacer compatibles los objetivos de proteger a los mayores del virus y a los jóvenes de la crisis económica subsiguiente, entonces no hay razones de principio para rechazarlo, salvo que uno sea un nihilista de la justicia intergeneracional.


Editorial

Víctor Pérez Díaz ha teorizado en numerosas ocasiones acerca del ruido mediático que intoxica la conversación pública. Los bulos, el exceso de datos que recibimos y la propia incapacidad para elegir de quién queremos fiarnos, contribuyen a una intoxicación del debate. En esta situación que no es de desinformación, sino de sobreinformación, es imprescindible, en primer lugar, recuperar la perspectiva y, en segundo lugar, saber detenerse allí donde uno reconoce su desconocimiento.

Si observamos lo que está sucediendo y lo hacemos sin un ánimo partidista podemos ver a un Gobierno que hace lo que puede y que se desenvuelve bastante mal gestionando problemas concretos. Desde el principio fue un Gobierno que nació con la gran dificultad de que las partes que lo integraban no se deseaban mutuamente, y así lo declaró Pedro Sánchez en repetidas ocasiones. Un Gobierno que multiplicó Ministerios de trampantojo para satisfacer cuotas de poder y de imagen, pero que no estaban pensados para responder a problemas concretos ni ocupados por los más capaces.

La respuesta a la crisis fue lenta y ha multiplicado exponencialmente los efectos del virus. La miopía del Gobierno para entender la situación y responder pronto merece ser estudiada con detenimiento. Se puede entender que se debe a un Gobierno inútil e ideologizado que solo se interesa por las cuotas de poder, pero una simplificación de esta naturaleza solo nos impediría ver que el desmembramiento del Estado y las políticas nacionalistas a lo largo de cuarenta años han convertido a la Administración en un monstruo con pies de barro. El ejemplo más sangrante lo encontramos en el Ministerio de Sanidad, incapaz de recibir datos fidedignos de contagios y muertos. No es que el Gobierno mienta siempre, es que tenemos un Estado al que hemos dejado ciego y sordo, y ahora le pedimos que corra y llegue pronto sin tropiezos. Pero también el Ministerio de Educación ha resultado poco operativo y ha generado mucha inseguridad. Tenemos un modelo que ni delega realmente en las Comunidades Autónomas, ni apuesta por una centralización. Nuestro modelo regional se encuentra en una indefinición insostenible fruto de componendas a lo largo del tiempo y solo ha conseguido sobrevivir gracias a la inercia histórica, pero el así llamado “problema catalán”, y ahora el COVID-19, muestran la urgencia de una revisión. 

Al lado del Gobierno, pero en la otra orilla, se encuentra una oposición igualmente desubicada que se debate en una crisis ideológica interna y que, dividida, pugna por mostrar cuál es más auténtica. Una oposición que se opone para definirse y que se preocupa más por la imagen que quiere dar que por los problemas concretos con los que debe colaborar. No hemos visto una oposición que tenga la autoridad para corregir al Gobierno con sensatez, ni para apoyarle cuando ha debido hacerlo. En los últimos años se limitó a un discurso institucionalista que se escondía en el formalismo jurídico para evitar tomar decisiones sobre el sentido y significado de la política. Por un lado acusaba a la “izquierda” de salirse del marco constitucional, lo cual no es cierto, y por otro se resistía a tomar decisiones de fondo. La desatención de la derecha española al sistema educativo, al modelo territorial del Estado, al sistema sanitario, la cultura, o al problema del cuidado de los más vulnerables ha dejado en manos de los socialistas la definición del contenido material de nuestra vida en común. La derecha debe asumir con serenidad su mendicidad ideológica y revisar sus ideas a la luz de la experiencia colectiva que estamos viviendo. Esto le permitirá ser leal con el Gobierno sin desdibujarse y sin desatender sus obligaciones de crítica y corrección al poder.

Tenemos una sociedad mucho más sana de lo que podría parecer. No es cierto que “tenemos lo que nos merecemos”, porque ni lo que tenemos es tan malo, ni nosotros somos lo que decimos ser. Esta forma de vernos es parte del pathos típicamente español y de un “neo-regeneracionismo” al que le encanta predicar las miserias patrias. El español parece recrearse en el nacional-masoquismo y esto le impide ver lo valioso que tiene ante sí. El pueblo español en su conjunto está demostrando ser uno de los pilares más sólidos sobre los que construir la política de los próximos años. Vemos una sociedad que no está dispuesta a claudicar ante ninguna tentación autoritaria, que exige libertad de prensa, que critica las ineficiencias y que comenta al minuto los Decretos del Gobierno provocando rectificaciones inmediatas. Una sociedad que tiene buen gusto y criterio para aplaudir y señalar las acciones generosas, heroicas y solidarias de los demás, que aprecia los gestos de unidad y de colaboración y que, en su conjunto, rechaza la crispación y el odio. Hemos visto una sociedad que, tan solo un mes después de los debates sobre la eutanasia, ha demostrado querer hacer un sacrificio enorme por los ancianos. Estamos viendo también una preocupación general por nuestros muertos y un cuidado exquisito por conservar los cuerpos. A pesar de la dureza de las imágenes de las morgues, los cuerpos están ordenados, con su nombre, un ataúd, y una enorme dignidad. ¿Por qué damos por supuesto que no se hayan hecho fosas comunes y que se no se hayan hacinado los cuerpos? Todavía valoramos a nuestros mayores, reconocemos la dignidad del cuerpo y la necesidad de velarlo, lo cual es signo de una gran altura cultural. 

Valga esto como ejemplo de que quizás lo que en verdad nos pase a los españoles es que no sabemos observar y que, por vicio nacional, criticamos lo que tenemos, y solo defendemos lo que ya hemos perdido.

Hay una crisis grave que lo sacude todo, pero esto no debe distraernos del debate esencial en este momento. Debemos centrarnos en la duración del estado de alarma y en la teleología de las medidas económicas excepcionales, que deben ser transitorias y orientadas a fines precisos para que no se hagan estructurales. La economía debe volver a tener pulso, y si eso se produce en un plazo compatible con la supervivencia de las familias, el debate será agrio e intenso, pero pasajero. 

 

Por Fundación Conversación.


Manuel Álvarez Tardío: Dilemas engañosos

Manuel Alvarez Tardio - Catedrático de Universidad / Professor ...

Por Manuel Álvarez Tardío.
Catedrático de Historia del Pensamiento y los Movimientos Sociales y Políticos.

 

La época contemporánea no es terreno propicio para el acuerdo entre los historiadores. Sin embargo, hay un aspecto difícil de negar salvo que se ignoren multitud de datos y indicadores: durante la segunda mitad del siglo XX el Estado cambió radicalmente, hasta convertirse en una maquinaria tan grande y compleja que su funcionamiento contribuyó, para bien y para mal, a modificar radicalmente la vida de los europeos occidentales. 

No es una opinión, sino un hecho. El Estado es, tal vez, el mayor protagonista de la revolución política de la segunda mitad del novecientos.  Y este hecho no es, como pudiera pensarse, una consecuencia de la preponderancia de eso que llamamos izquierdas. Aunque a veces se hable de un “consenso socialdemócrata” de posguerra, la puesta en marcha de una política de redistribución fiscal, con el aumento exponencial del papel de lo público en la educación, la sanidad o la protección social no fueron el resultado de un plan de reconversión del socialismo marxista en socialismo democrático. Esto último, de hecho, ocurrió unos cuantos años después y fue la consecuencia, que no la causa, de la reestructuración de los Estados y las Haciendas. Los democristianos y otros grupos conservadores jugaron un papel tanto o más decisivo. No en vano, el padre del famoso informe Beveridge, que revolucionó la política asistencial británica de posguerra, no era ni de lejos un marxista. Y no es casualidad, por otra parte, que una de las características centrales del poderoso Partido Popular Europeo haya sido la llamada “economía social de mercado”.

Sin embargo, parece que en el centroderecha español hay quienes, consciente o inconscientemente, llevan un tiempo alentando una inquietante confusión sobre la relación entre sociedad y Estado. No son los únicos. En parte, es la consecuencia de la llamada crisis del Estado del bienestar a partir de la década de 1970. Y de la inyección de optimismo que produjo la caída del Muro y la ilusión de un consenso liberal postideológico. Además, con no poca justificación, los años noventa fueron terreno abonado para la recuperación de la confianza en la iniciativa individual y la importancia de mejorar la competitividad destruyendo monopolios ineficientes y caros controlados por el Estado. Y con resultados claramente positivos.

Pero el Estado sigue ahí; nunca se fue. No será el empresario monopolista e ineficaz de los sesenta y setenta, pero es una parte capital de las sociedades contemporáneas. Se olvida a menudo que el Estado no es sólo un proveedor, más o menos eficaz, de educación, sanidad y pensiones. Es, por encima y antes que eso, una maquinaria de gestión y control basada en cientos de miles de regulaciones, además del administrador del orden y la justicia en el espacio de lo público. En esto, el siglo XX lo cambió todo. Los Estados anteriores a la Primera Guerra Mundial eran pequeños, muy pequeños y muy poco presentes en la vida cotidiana. Y no sólo eso, también eran, aunque no todos por igual, relativamente ineficaces. Ni la tecnología, ni el transporte, ni la Hacienda permitían grandes ilusiones en el campo de las políticas públicas. Pero todo eso empezó a cambiar después de 1919, primero poco a poco y luego de forma muy acelerada durante la Guerra Fría. Y no sólo por obra del avance de la democracia, sino por las decisivas implicaciones de la guerra moderna y por la necesidad de responder al desafío del populismo autoritario y la eficacia aparente de la planificación económica.

Parece, sin embargo, que en ciertos ámbitos del centroderecha se ha perdido, en parte, la perspectiva de todo ese proceso. Se ignora, para empezar, el decisivo  papel del Estado franquista en la modernización autoritaria del país y en la transformación de la administración, la Hacienda y el mercado, sin duda uno de los factores capitales para entender las bases estructurales de la Transición. Se olvida, también, que la semilla a partir de la que germinó el Estado español moderno la puso el liberalismo moderado en el siglo XIX. 

Sin duda, el obsesivo y rentable empeño de las izquierdas en monopolizar la defensa del Estado y de lo público tiene buena parte de la culpa en esta particular desmemoria. Podría parecer, así, que cualquier alternativa de centroderecha debiera pasar por una posición especialmente crítica con la existencia misma del Estado, en tanto que agente enfrentado a toda iniciativa individual y, por tanto, social. 

Sin embargo, el problema no está planteado en términos de alternativa, porque el Estado es la columna vertebral de la convivencia democrática. Sólo hay democracia representativa y soberanía nacional porque hay Estado. La seguridad que éste proporciona no empieza y se agota en la sanidad y las pensiones, sino que remite a la articulación de un espacio jurídico e institucional sin el que no se puede competir pacíficamente por el poder. El Estado no es cuestionable, sino imprescindible.

Lo que la actual crisis sanitaria está poniendo de manifiesto es, precisamente, la relevancia del Estado moderno en tiempos de creciente globalización, tanto por lo que hace como por lo que deja de hacer o lo que hace mal. Algunos creerán que las vías de agua de un Estado mal gestionado son una oportunidad para apuntalar a la maltratada y olvidada sociedad civil, que entre pequeñas y grandes iniciativas parece resurgir estos días. Sin duda es así, porque sólo es tolerable un Estado poderoso si es eficiente, lo que a todas luces no está ocurriendo. Pero no es menos cierto que ésta es una oportunidad para que el centroderecha no vuelva a caer en un debate tramposo acerca de las relaciones sociedad-Estado; un debate en el que puede verse obligado a renegar de su propia historia y a adoptar una posición puramente defensiva. 

Porque hoy el Estado no sólo es necesario, sino irremplazable. No se trata de cuánto Estado podemos y debemos soportar, sino de cuánto Estado necesitamos y qué proponemos para conseguir que utilice la menor cantidad posible de recursos de la forma más eficiente. El peligro no está en la redistribución y sus implicaciones, sino en sus límites y sentido último. Porque lo intolerable no es el Estado moderno sino el secuestro ideológico y moralmente corruptor de sus fines. La simplificación del debate en términos binarios: público vs privado, es consecuencia de este secuestro. Es una forma perversa de alentar un tipo de “comunicación ideológica” que identifica toda acción privada con la demolición de lo público y que, por tanto, distorsiona la naturaleza central del Estado y lo presenta como agente superador de un individualismo supuestamente egoísta y perverso. Lo urgente, por tanto, es situar la partida en un campo de juego totalmente distinto. No es el Estado frente a la sociedad y los individuos, sino el Estado con la sociedad y los individuos.

 

 


David Jiménez Torres: Europa como solución… y como problema

por David Jiménez Torres

 

Han pasado más de cien años desde que Ortega y Gasset acuñara la fórmula de que “España es el problema y Europa la solución”. Sin embargo, la frase sigue siendo útil a la hora de comprender la relación de la ciudadanía española con el concepto de Europa y con la Unión Europea. En parte porque la legitimidad del proyecto democrático nacido tras el desmantelamiento del régimen franquista se ha apoyado fuertemente tanto en el acercamiento a “Europa” como en la reivindicación de las élites culturales europeístas de los siglos anteriores (el propio Ortega y su círculo, los ilustrados dieciochescos, la Institución Libre de Enseñanza, etc.). La apuesta por la integración europea no era solo una decisión racional sobre política exterior y alianzas económicas, sino también un pronunciamiento acerca del pasado y el futuro españoles. Suponía un rechazo del tradicionalismo y el franquismo y una apuesta por una modernidad conceptualizada como intrínsecamente europea.

Hoy en día España mantiene un alto grado de europeísmo, tanto a nivel popular como al de las élites políticas, económicas y culturales. Pero la vertiente histórica a la que me he referido es importante porque tras la palabra europeísmo se esconden muchas texturas y muchos matices. No todos los europeísmos son iguales aunque puedan alcanzar niveles de intensidad idénticos. Diría que el nuestro, en concreto, es un europeísmo traumatizado, el resultado de una serie de presuntas lecciones históricas que connotan la cercanía a Europa como un enorme ejercicio de autosuperación nacional. Se podrá responder a esto que todo el proyecto europeo nace de un trauma: el de las guerras mundiales. Y así es. Pero esto, que sirve como herramienta explicativa del europeísmo francés o alemán, no se aplica tanto en el caso de España, no-beligerante en ambos conflictos. En nuestro caso, el trauma no es tanto el de la aniquilación mutua y masiva sino el de la pobreza, el atraso y la tragedia endógena.

No quiero decir con esto que un cálculo de costes y beneficios no pudiera apoyar claramente la pertenencia de España al club europeo. Es más, estoy convencido de que lo hace. Lo que señalo es que ese tipo de lógica no es la que subyace al europeísmo español, al menos en su nivel más popular. Y conviene, además, que comprendamos los efectos que se derivan de esa textura particular de nuestro europeísmo. Apuntaré unos cuantos: en primer lugar, otorga cierta inmunidad ante demagogias antieuropeístas como las que han marcado el debate británico acerca de su propia pertenencia a la Unión Europea. Porque el Brexit no ha sido solo el resultado de ansiedades socioeconómicas o de la pericia propagandística de los euroescépticos. El europeísmo y el antieuropeísmo también batallan en el campo de las culturas e identidades nacionales, en las historias que cada nación se ha contado a sí misma acerca de su pasado y sus rasgos distintivos. Planteémoslo así: ¿había mayor angustia socioeconómica en Reino Unido en 2016 -tasa de desempleo del 5%- que en España en 2013 -tasa de desempleo del 26%-? ¿Por qué unos giraron al antieuropeísmo y no los otros? Hay muchas explicaciones, pero una de ellas es que por razones históricas y culturales (como el hecho de que gran parte de la identidad nacional británica esté construida sobre el relato de la victoriosa defensa de la isla contra tiranos del continente como Felipe II, Napoleón o Hitler), los británicos ya estaban mucho más cerca del euroescepticismo que los españoles. Cuesta menos cruzar una línea roja cuando la tienes al lado que cuando te pilla muy lejos.

Las particularidades de nuestro europeísmo también perpetúan una idea de Europa como un Otro al que, en el fondo, no terminamos de pertenecer, o solo de forma excepcional. Esto puede impedir un grado mayor de iniciativa política -y de presión popular para que esta se produzca- a la hora de utilizar los mecanismos de la política europea en beneficio de nuestros ciudadanos. Es útil pensar aquí en los cuestionables criterios con que nuestros grandes partidos elaboran sus listas para las elecciones al Parlamento Europeo. ¿Por qué toleraríamos esto si no fuese porque en el fondo no creemos que los representantes españoles realmente pueden marcar una diferencia en las decisiones de ámbito europeo? Hay algo de círculo vicioso en la idea de que Europa siguen siendo los otros.

Finalmente, el europeísmo traumatizado se manifiesta con frecuencia como una obsesión con cómo se ve España en el extranjero (en el extranjero desarrollado; cómo se ve España en Chad no parece interesar mucho). Hemos tenido un buen ejemplo de ello durante el reciente proceso independentista catalán: tanto secesionistas como constitucionalistas prestaban una extraordinaria atención a lo que se publicaba en el extranjero acerca del procés, a la busca de algo que confirmara -o llevara injustamente la contraria a- la visión de cada lado. La cuestión no era tanto buscar un punto de vista novedoso, sino sencillamente ver si representantes de ese Otro europeo, construido previamente como superior y fiable, nos daban la razón. Irónicamente, los secesionistas catalanes nunca son más españoles que cuando declaran que el mundo nos mira. El problema de esto es que fija el debate en quién emite los mensajes en vez de en el contenido de los mismos. Y no parece propio de una esfera pública madura el dedicar días enteros a comentar el trabajo y el rigor (o falta de él) de los corresponsales de medios extranjeros, aunque solo sea por lo evidente: ni uno solo de los lectores del Guardian o Le Figaro vota en nuestras elecciones.