Borja Barragué es profesor de Filosofía del Derecho en la UNED.
De qué hablamos cuando hablamos de discriminación estadística
En apenas un par de meses, la pandemia del Covid ha cambiado nuestras vidas. Ya no salimos a correr o andar en bicicleta por la calle, sino que nos conformamos con hacer rodillo y dar paseos en el salón de casa. Ya no sale uno a socializar al bar, sino que se conecta a Zoom. Esto ha provocado un aumento del desempleo y una caída de los ingresos, sobre todo entre los colectivos vulnerables más afectados por el cierre de las actividades decretada. Las cicatrices sociales aparejadas a todo ello curarán rápido si la pandemia también lo hace, pero serán visibles muchos años en el caso de que no sea así.
Pero junto a estos cambios bruscos, la pandemia está sacando a la superficie algunos fenómenos sociales con los que hemos convivido muchos años pero que habíamos decidido obviar. Es el caso de la discriminación estadística. Me explico.
Hasta que estallara la crisis sanitaria del Covid, un ciudadano español podía viajar libremente por cualquier país de Europa. Pero un ciudadano de Burundi, por ejemplo, no. Esto tiene sentido porque la libre circulación de trabajadores es un principio fundamental establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, del que España es parte, pero Burundi no.
Gracias a ello, los ciudadanos europeos hemos podido viajar a casi cualquier país sin restricciones ni visados. Cuando eso es así, uno tiende a pensar que es lo normal. Pero es lo normal solo si uno tiene el pasaporte de un país rico. Si, en cambio, uno ha nacido en Burundi, la cosa se complica. ¿Por qué?
La asunción implícita es que si uno vive en Alemania, por ejemplo, un país económicamente muy desarrollado y donde impera el Estado de Derecho, normalmente no va a extender ilegalmente su visita para buscar trabajo en otro país. La norma es la confianza y la laxitud. Si uno es de Burundi, por el contrario, la presunción se invierte: la norma es la sospecha y la inspección.
Dicho de otra forma: si uno es pobre, vive instalado en la discriminación estadística permanente.
Muchas políticas se basan en ese concepto por razones de eficiencia. En términos abstractos, discriminar estadísticamente consiste en tomar una característica de las personas que correlaciona positiva pero imperfectamente con aquella variable que nos interesa (“proxy”). Pensemos en una empresa de seguros. Lo ideal sería poder saber el riesgo de accidente que tiene cada individuo. Sin embargo, a la hora de fijar el precio de la prima, la práctica tiende a discriminar en contra de los conductores varones y jóvenes (proxy), aunque lo que nos gustaría identificar realmente son los conductores imprudentes (sean o no varones jóvenes).
La cuestión es que ese ejemplo no agota los casos de discriminación estadística. Si alteramos el ejemplo y en lugar de primas de seguro hablamos de obtener un empleo y cambiamos a los veinteañeros hiper-hormonados por mujeres (en edad de quedarse) embarazadas, el juicio moral que nos merece la discriminación estadística cambia. Si volvemos a modificar el ejemplo y ya no hablamos de un empleo sino de una plaza en la Universidad y en lugar de mujeres (en edad de quedarse) embarazadas ponemos que hablamos de colectivos históricamente discriminados (población afrodescendiente), entonces el juicio moral que nos merece la discriminación estadística vuelve a cambiar.
El discreto encanto de los nihilistas de la justicia intergeneracional
En sus planes de desescalada, muchos países están modulando el rigor del confinamiento en función del grupo de edad. Dadas sus necesidades específicas, España ha flexibilizado la cuarentena para los niños y adolescentes. Dado que la letalidad del Covid está muy concentrada en el grupo de edad de 70 y más años —en España representan alrededor del 85% de las muertes totales—, el confinamiento híper riguroso adaptado por España es una política destinada a evitar la saturación hospitalaria cuyos beneficiarios son, sobre todo, los casi 7 millones de españoles mayores de 70 años. Es, por tanto, una forma de justicia intergeneracional hacia los mayores.
Ahora bien: todo lo bueno que tiene el confinamiento con respecto a la capacidad de atención hospitalaria, lo tiene de malo para la economía. Además, los paganos de la factura del cierre de sectores económicos enteros no van a ser los mayores, sino los jóvenes. Igual que en la crisis financiera de 2008, el zarpazo económico de la pandemia se está cebando con los jóvenes, que en España han sufrido uno de cada dos despidos.
Así pues: ¿es moralmente aceptable que el grupo más vulnerable permanezca más tiempo confinado?
Según el enfoque (deontológico) más extendido, la discriminación estadística es justificable sólo en la medida en que lo sea también el objetivo que persigue y, además, no se vulnere el derecho a ser tratado como un individuo.
Supongamos, en aras del argumento, que concedemos que el confinamiento extra para los mayores tiene un objetivo impecablemente legítimo como es proteger la salud del grupo de edad más vulnerables al Covid. Incluso si admitimos eso, muchas personas pensarán que el confinamiento extra no es justificable porque no supera el segundo filtro; esto es, porque fracasa a la hora de observar el deber de tratar a los mayores como individuos.
Pero como dice el filósofo danés Kasper Lippert-Rasmussen, es falso que tengamos un derecho a ser tratados como individuos. A veces, los agentes que patrullan un barrio (muy) rico de una ciudad y ven una persona que “no encaja”, hacen bien en no pararle y pedirle la documentación a pesar de que determinada información proveniente de la observación (forma de vestir, raza) les podría llevar a hacerlo. En nuestro caso, habrá muchos niños españoles que sean vulnerables a la enfermedad (diabéticos, por ejemplo) y que sin embargo se van a aprovechar de las salidas a la calle porque, estadísticamente, el virus no se ceba con los grupos de edad más jóvenes. Cuando opera en nuestro beneficio, no parece haber mucho problema con la discriminación estadística.
En realidad, la discriminación estadística (sólo) es inaceptable cuando opera en nuestro perjuicio y, más aún, incorpora una visión o trato degradante, incompatible con la igual dignidad de todas las personas. Por aterrizar la idea: una discriminación estadística que humilla y estigmatiza es que la policía cachee solo a las personas de determinado color o condición socioeconómica. Esa discriminación estadística es intolerable porque es incompatible con la igual dignidad de todas las personas.
Si pensamos que el confinamiento extra incorpora esa visión degradante de las personas mayores, entonces sí tenemos razones para rechazarlo. Si, por el contrario, pensamos que no hay nada de humillante en extender la cuarentena para hacer compatibles los objetivos de proteger a los mayores del virus y a los jóvenes de la crisis económica subsiguiente, entonces no hay razones de principio para rechazarlo, salvo que uno sea un nihilista de la justicia intergeneracional.