Por Manuel Álvarez Tardío.
Catedrático de Historia del Pensamiento y los Movimientos Sociales y Políticos.
La época contemporánea no es terreno propicio para el acuerdo entre los historiadores. Sin embargo, hay un aspecto difícil de negar salvo que se ignoren multitud de datos y indicadores: durante la segunda mitad del siglo XX el Estado cambió radicalmente, hasta convertirse en una maquinaria tan grande y compleja que su funcionamiento contribuyó, para bien y para mal, a modificar radicalmente la vida de los europeos occidentales.
No es una opinión, sino un hecho. El Estado es, tal vez, el mayor protagonista de la revolución política de la segunda mitad del novecientos. Y este hecho no es, como pudiera pensarse, una consecuencia de la preponderancia de eso que llamamos izquierdas. Aunque a veces se hable de un “consenso socialdemócrata” de posguerra, la puesta en marcha de una política de redistribución fiscal, con el aumento exponencial del papel de lo público en la educación, la sanidad o la protección social no fueron el resultado de un plan de reconversión del socialismo marxista en socialismo democrático. Esto último, de hecho, ocurrió unos cuantos años después y fue la consecuencia, que no la causa, de la reestructuración de los Estados y las Haciendas. Los democristianos y otros grupos conservadores jugaron un papel tanto o más decisivo. No en vano, el padre del famoso informe Beveridge, que revolucionó la política asistencial británica de posguerra, no era ni de lejos un marxista. Y no es casualidad, por otra parte, que una de las características centrales del poderoso Partido Popular Europeo haya sido la llamada “economía social de mercado”.
Sin embargo, parece que en el centroderecha español hay quienes, consciente o inconscientemente, llevan un tiempo alentando una inquietante confusión sobre la relación entre sociedad y Estado. No son los únicos. En parte, es la consecuencia de la llamada crisis del Estado del bienestar a partir de la década de 1970. Y de la inyección de optimismo que produjo la caída del Muro y la ilusión de un consenso liberal postideológico. Además, con no poca justificación, los años noventa fueron terreno abonado para la recuperación de la confianza en la iniciativa individual y la importancia de mejorar la competitividad destruyendo monopolios ineficientes y caros controlados por el Estado. Y con resultados claramente positivos.
Pero el Estado sigue ahí; nunca se fue. No será el empresario monopolista e ineficaz de los sesenta y setenta, pero es una parte capital de las sociedades contemporáneas. Se olvida a menudo que el Estado no es sólo un proveedor, más o menos eficaz, de educación, sanidad y pensiones. Es, por encima y antes que eso, una maquinaria de gestión y control basada en cientos de miles de regulaciones, además del administrador del orden y la justicia en el espacio de lo público. En esto, el siglo XX lo cambió todo. Los Estados anteriores a la Primera Guerra Mundial eran pequeños, muy pequeños y muy poco presentes en la vida cotidiana. Y no sólo eso, también eran, aunque no todos por igual, relativamente ineficaces. Ni la tecnología, ni el transporte, ni la Hacienda permitían grandes ilusiones en el campo de las políticas públicas. Pero todo eso empezó a cambiar después de 1919, primero poco a poco y luego de forma muy acelerada durante la Guerra Fría. Y no sólo por obra del avance de la democracia, sino por las decisivas implicaciones de la guerra moderna y por la necesidad de responder al desafío del populismo autoritario y la eficacia aparente de la planificación económica.
Parece, sin embargo, que en ciertos ámbitos del centroderecha se ha perdido, en parte, la perspectiva de todo ese proceso. Se ignora, para empezar, el decisivo papel del Estado franquista en la modernización autoritaria del país y en la transformación de la administración, la Hacienda y el mercado, sin duda uno de los factores capitales para entender las bases estructurales de la Transición. Se olvida, también, que la semilla a partir de la que germinó el Estado español moderno la puso el liberalismo moderado en el siglo XIX.
Sin duda, el obsesivo y rentable empeño de las izquierdas en monopolizar la defensa del Estado y de lo público tiene buena parte de la culpa en esta particular desmemoria. Podría parecer, así, que cualquier alternativa de centroderecha debiera pasar por una posición especialmente crítica con la existencia misma del Estado, en tanto que agente enfrentado a toda iniciativa individual y, por tanto, social.
Sin embargo, el problema no está planteado en términos de alternativa, porque el Estado es la columna vertebral de la convivencia democrática. Sólo hay democracia representativa y soberanía nacional porque hay Estado. La seguridad que éste proporciona no empieza y se agota en la sanidad y las pensiones, sino que remite a la articulación de un espacio jurídico e institucional sin el que no se puede competir pacíficamente por el poder. El Estado no es cuestionable, sino imprescindible.
Lo que la actual crisis sanitaria está poniendo de manifiesto es, precisamente, la relevancia del Estado moderno en tiempos de creciente globalización, tanto por lo que hace como por lo que deja de hacer o lo que hace mal. Algunos creerán que las vías de agua de un Estado mal gestionado son una oportunidad para apuntalar a la maltratada y olvidada sociedad civil, que entre pequeñas y grandes iniciativas parece resurgir estos días. Sin duda es así, porque sólo es tolerable un Estado poderoso si es eficiente, lo que a todas luces no está ocurriendo. Pero no es menos cierto que ésta es una oportunidad para que el centroderecha no vuelva a caer en un debate tramposo acerca de las relaciones sociedad-Estado; un debate en el que puede verse obligado a renegar de su propia historia y a adoptar una posición puramente defensiva.
Porque hoy el Estado no sólo es necesario, sino irremplazable. No se trata de cuánto Estado podemos y debemos soportar, sino de cuánto Estado necesitamos y qué proponemos para conseguir que utilice la menor cantidad posible de recursos de la forma más eficiente. El peligro no está en la redistribución y sus implicaciones, sino en sus límites y sentido último. Porque lo intolerable no es el Estado moderno sino el secuestro ideológico y moralmente corruptor de sus fines. La simplificación del debate en términos binarios: público vs privado, es consecuencia de este secuestro. Es una forma perversa de alentar un tipo de “comunicación ideológica” que identifica toda acción privada con la demolición de lo público y que, por tanto, distorsiona la naturaleza central del Estado y lo presenta como agente superador de un individualismo supuestamente egoísta y perverso. Lo urgente, por tanto, es situar la partida en un campo de juego totalmente distinto. No es el Estado frente a la sociedad y los individuos, sino el Estado con la sociedad y los individuos.