Ley Celaá: elegía por un pacto de estado por la educación

La nueva ley de educación promovida por la ministra Isabel Celaá (LOMLOE) tiene varios puntos polémicos de sobra conocidos: la regulación de la educación especial, la lengua vehicular y las nuevas normas sobre la escuela concertada. Sobre este último punto, creo que hemos perdido —una vez más— la oportunidad para un pacto estable y duradero entre derecha e izquierda, entre adalides de la educación pública y defensores de la concertada. Veamos cuáles han sido los argumentos de estas dos facciones enfrentadas.

La izquierda lleva mucho tiempo denunciando que la concertada es una escuela privada pagada con fondos públicos que, además de sustraer los recursos que tanto necesitaría la educación pública, presta servicio principalmente a la clase media y media-alta, tiene un alumnado excesivamente homogéneo en su extracción social y deja los casos “problemáticos” a la escuela pública (hijos de inmigrantes, déficits de conocimientos e idioma, conductas anti-sociales, etc.). En su estrategia de comunicación, la izquierda emplea términos muy potentes que galvanizan el debate y exacerban los sentimientos: se habla de segregación y de guetos —palabras que asociamos con el apartheid— y se refiere a los colegios concertados como empresas a las que se cede gratis suelo público. Esta caracterización como empresas es una mixtificación maliciosa. Los colegios concertados son el resultado de iniciativas sociales, no tienen ánimo de lucro, y la financiación pública que reciben no cubre los importantes costes derivados de su construcción. Además, estos colegios pagan un canon periódico por el uso del suelo que se les concede.

¿Qué dice la derecha? Hace unos días en Madrid, ciudadanos preocupados por la LOMLOE se manifestaban en defensa de su libertad de elección y bajo la égida de una plataforma llamada “Más plurales”. La libertad de elegir es un lema clásico de las reivindicaciones de la derecha en España, y suena a repliegue, a exhortación defensiva en nombre del pluralismo y la Constitución, incluso a libertarianismo y a Milton Friedman. Pero es una reivindicación del statu quo, una libertad en negativo, un “dejadnos seguir como hasta ahora, dejadnos existir, que esto es una democracia liberal”. Se trata de un movimiento reactivo, no propositivo. Y no se puede culpar por ello a la derecha, si atendemos a la magnitud de las amenazas que se ciernen sobre la escuela concertada y la libertad de educación. Para sus adversarios, la concertada sería un anacronismo a extirpar y la libertad de los colegios de regirse por un ideario no progresista debe ser una excepción residual, reservada a la educación privada. De ahí que las consignas de los manifestantes subrayasen la libertad para elegir el ideario del centro y su método pedagógico (dentro de un marco fijado por el Estado), y denunciaran que la hostilidad de la LOMLOE hacia la concertada se debe a que escapa a los designios uniformadores del gobierno que no quiere financiar una educación gratuita en valores distintos del credo progresista.

Si la finalidad de las reformas educativas es mejorar la educación de verdad, ambas posturas deberían ser escuchadas, pues las dos aciertan en lo que denuncian y en lo que defienden. Aunque lo exageren, ambos bandos caracterizan bien el pecado del otro, esa falta que enturbia el debate e impide un provechoso pacto de estado. Los pecados de la izquierda serían la intolerancia y la imposición; los de la derecha, el clasismo y la falta de solidaridad.

¿Podrían subsanarse estas faltas con concesiones mutuas? ¿Podrían ser ambas partes honestas y reconocer el mérito de lo que la otra afirma?

En teoría, sí, pero la deriva intolerante de la izquierda hace difícil que pueda bajarse de sus posturas maximalistas y moralizantes. Me explico. La izquierda está irritada porque en pleno siglo XXI siga habiendo gente que no haya abrazado las ideas de progreso y emancipación que ella encarna. Cuando la ministra Celaá declaró que “los hijos no pertenecen a los padres” lo que quiso indicar es que los padres no tienen derecho a transmitir sus prejuicios retrógrados a sus hijos, a quienes sí asistiría el derecho a ser educados en las ideas propias de una sociedad avanzada. Si hay una parte del sistema educativo (la concertada) sospechosa de coadyuvar a la persistencia de esos frenos al avance social, lo que procede es acordonarla y promover su progresiva amortización en beneficio de la escuela pública, laica y progresista, pues esta reflejaría mucho mejor la voluntad general (que debe ser aceptada por todas las conciencias, como dijo Rousseau) y el espíritu del siglo. En esta línea, Almudena Grandes escribía en su columna de El País que la escuela concertada es “una anomalía”, “un disparate genuinamente español”, “originado durante la dictadura franquista” (¡qué boda sin la tía Juana!) y que si los padres quieren elegir la educación de sus hijos, deben pagarse la escuela privada, pues la única financiada con impuestos debería ser la pública, cuyo “modelo de coeducación” (progresista, avanzado, c’est l’école républicaine!) estos padres rechazan.

Para prestigiar esta exclusión de todo lo que no sea izquierda del sistema educativo (y de cada vez más parcelas de la realidad), además de la apelación al progreso se utiliza torticeramente el argumento de la “segregación socioeconómica”, que permite caracterizar a la derecha no sólo como atrasada, sino también como clasista y egoísta.

¿Qué hay de cierto en esto último? Desde mi experiencia personal de niño y adolescente, como antiguo alumno de un colegio concertado laico y de un instituto público en Talavera de la Reina, no le daría ningún crédito a esta acusación de clasismo. Siendo Talavera una ciudad pequeña (83.000 habitantes) la diferencia entre ir a un concertado (religioso o no) y a un público era inapreciable. La composición del aula era diversa en cuanto a la clase social (había hijos de obreros, profesionales y empresarios) y, en cuando a las ideologías, era como un corte transversal de la comunidad política, que estaría cerca de lo que desde un ideal democrático se propondría para incrementar el conocimiento mutuo, los lazos informales y la cohesión entre los distintos estratos socioeconómicos. La calidad de la educación era similar en todos los centros y, en los públicos, ayudaba la avanzada edad del profesorado que accedió mediante un sistema de oposiciones distinto y la baja tasa de interinidad.

Sin embargo, al llegar a Madrid a estudiar en la universidad (privada, bastante exclusiva y homogénea) me sorprendí de la importancia que se daba al colegio al que cada uno fue de niño, un auténtico marcador de clase, ya que el acceso al colegio no era tan abierto como en Talavera. Y ello a pesar de que muchos de mis compañeros que gozaban de la fortuna de haber estudiado en un buen colegio, venían de centros concertados, teóricamente gratuitos y encargados de prestar el servicio educativo al mismo nivel que los públicos. Sin embargo, es conocida la práctica de recolectar de los padres fondos (a través del cobro del comedor, autobús, donaciones…) para complementar la insuficiencia de la financiación pública de estos colegios. Esta financiación mixta de facto tiene la ventaja de permitir a estos colegios sobrevivir, pero trae el indeseable efecto secundario de actuar como barrera de acceso a alumnos más desfavorecidos.

Creo que la izquierda acierta en esto. Desde la búsqueda del bien común, no se puede defender que, en el sistema de prestación del servicio público educativo, la renta familiar determine el acceso a mejores colegios (o, al menos, a colegios que los padres perciben como mejores, porque no se publican resultados que permitan comparar de forma objetiva). La privada quedaría fuera de mi análisis. Ahora bien, a nadie escapa que la solución de la izquierda tiene una motivación sectaria (suprimir lo que no controla e imponer un único ideario educativo progresista) e iguala por abajo (¿quién en su sano juicio trataría de cerrar la mejor mitad de colegios de su sistema para pasar a los alumnos que allí estudian a la otra mitad?), por lo que empeora el sistema educativo.

¿Qué solución podemos proponer los ciudadanos de derechas sensibles al problema de la segregación que señala la izquierda, los que deseamos una comunidad política cohesionada? ¿Qué aspecto tendría el pacto posible que lamentamos que no llegará? La reforma debería hacer gratuita de verdad a la concertada asumiendo su déficit (esto es, pagando el verdadero coste del pupitre), de forma que se elimine la barrera que suponen las cuotas que a menudo se exigen a los padres. Puede que algunos autobuses escolares tengan que llegar más lejos para evitar la barrera que en ciudades como Madrid suponen los precios de los inmuebles (tan distintos según el barrio). Deberían evaluarse todas las escuelas y divulgarse los resultados para que la información sobre cuáles son buenas no sólo la posean los iniciados (los padres con más recursos, que suelen estar más informados y preocupados por la educación).

Y, en cuanto a la escuela pública, ¿por qué es percibida como peor que la concertada? ¿Es solo pijerío, clasismo y aporofobia, como denuncia la caricatura izquierdista? No. La concertada goza de varias ventajas estructurales que habría que implantar en la pública. Para empezar, flexibilidad en la contratación y despido de los docentes (en la pública es muy difícil consolidar un proyecto educativo coherente por el altísimo nivel de rotación del personal interino y la inamovilidad del funcionario, que además de no poder ser despedido, tiene derecho a optar por otras plazas y marcharse). Además, la concertada cuenta con la autonomía de los directores para impulsar un proyecto educativo y estructuras de redes de colegios (a menudo órdenes religiosas y similares) que permiten ver lo que funciona en un colegio e implantarlo en los otros. Pero se pueden hacer más cosas. Quizá un examen tipo MIR para seleccionar docentes, quizá seguir a aquellos profesores sobresalientes e incentivarlos para ir a los colegios públicos con más problemas (con sueldos más altos, ascensos, promociones, etc.), aquellos con inmigrantes o niños en riesgo de exclusión social. Siendo conscientes, eso sí, de que en muchas de estas soluciones chocaríamos contra la roca de los sindicatos y su interés en mantener las rigideces del sistema en beneficio de sus afiliados.

Los detalles técnicos están al alcance de los funcionarios del Ministerio de Educación y de los expertos que, desde la sociedad civil y los partidos, proponen políticas públicas educativas. Sólo falta voluntad y un alarde de virtud ciudadana y tendríamos una mejora sensible de la calidad de la educación, de la cohesión social y de la estabilidad de la legislación educativa. Sin embargo, no lo veremos. La izquierda no abandonará su voluntad de exclusión de la derecha del espacio público y la derecha carece de la creatividad y la valentía para proponer algo así y de la pericia para venderlo al público. ¿Se conseguirá con la siguiente reforma?

Las opiniones y los puntos de vista expresados son personales y no reflejan los del Banco de España.